Según un informe emanado por los fiscalizadores de la Seremía de Salud, se encontró un número aún por determinar de cajas de medicamentos con sus fechas de vencimiento adulteradas, modificadas con marcadores y blisters de medicamentos con la fecha de vencimiento cortadas, para imposibilitar su trazabilidad.

El Intendente de la Región de O´Higgins,  Juan Ramón Godoy Muñoz, el  seremi (s) de Salud, Maximiliano Solis y  el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, doctor Juan Luis Castro, acudieron  hasta la Fiscalía Regional para entregar importantes antecedentes relacionados a  la   “Farmacia Punto Farma” de San Fernando, donde  se  detectó la tenencia y posible venta de medicamentos  adulterados , tanto en las góndolas, salas de ventas -listas para ser expendidas al público- y bodegas de almacenamiento del establecimiento, así como alimentos correspondientes a fórmulas para lactantes vencidas.

Según un informe emanado por los fiscalizadores de la Seremía de Salud, se encontró un número aún por determinar de cajas de medicamentos con sus fechas de vencimiento adulteradas, modificadas con marcadores y blisters de medicamentos con la fecha de vencimiento cortadas, para imposibilitar su trazabilidad.

Asimismo, se detectaron fechas de vencimiento no coincidentes  con la de los Blisters que los contienen, estando estos últimos caducados, también medicamentos de venta restringida, como por ejemplo, antibióticos inyectables y sujetos a control psicotrópico vencidos.

El Intendente de O´Higgins explicó que se reunieron con el fiscal regional  (s) Sergio Moya “para entregarle los antecedentes que configuran un atentado a la salud  pública. Actualmente la fiscalización se continúa realizando, con esta farmacia ya clausurada, y lo que esperamos es que haya una investigación a fondo desde el Ministerio Público para poder determinar la responsabilidad  del dueño del establecimiento”.

La máxima autoridad regional sostuvo que mediante el trabajo realizado por la Seremía de Salud “se detecta que cerca del 90% de los medicamentos que estaban en esa farmacia tenían adulterada la fecha de vencimiento, a priori serían cerca de 8 mil medicamentos adulterados. En virtud de eso y de lo que establece el estatuto administrativo de funcionarios públicos,  colocamos los antecedentes en manos del Ministerio Público”.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro indicó que se trata de un hecho “grave”  ya que  “se altera la fe pública, porque cada vez que una persona compra un remedio al reverso hay un rotulado donde está la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Aquí el farmacéutico adulteró expresamente la fecha de vencimiento. Hay cientos de personas que probablemente compraron en esa farmacia remedios, con la confianza  de que estaban vigentes: hipertensos, diabéticos, gente que tenía problemas para dormir, antibióticos,  y la labor de la Fiscalía es indagar si hubo daño colateral como efecto de esta venta irregular”.

En la misma línea, subrayó que “va a ser muy importante que en San Fernando, la gente que se acercó a esta farmacia, que compró, que consumió, pueda dar sus testimonio porque es probable que si se demuestran daños o efectos secundarios al consumo de estos productos vencidos, vale decir, que no provocó el efecto deseado o que tuvo  efectos tipo cefaleas o dolores gástricos, a consecuencia de la descomposición del producto, sea  un agravante para las penas que se le van a aplicar a este farmacéutico director del establecimiento”.

Asimismo, anunció que “como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, a partir de este hecho le  pediré  al Gobierno  y al Ministerio de Salud  que redoble el esfuerzo fiscalizador  de la Seremía de Salud  y el ISP en el caso de Santiago”.

Mientras que el seremi (s) de Salud aseveró que fue muy difícil detectar la adulteración pero “gracias a una fiscalización rigurosa, al conocimiento que tienen los fiscalizadores en esta materia, pudieron determinar de que había algo extraño  y luego de revisar bodegas se pudo determinar que había adulteración de las fechas, simplemente esto es parte del arte de fiscalizar”.

“Nosotros tomamos la decisión de caducar la autorización sanitaria  y por eso  estamos en la Fiscalía, para que se investigue lo que corresponde. Lo que importa hoy es que las personas que adquirieron medicamentos revisen la fecha de vencimiento y evalúen si estos medicamentos están en buenas condiciones para que también aporten información”, detalló.

El fiscal regional (s) señaló: “Recibida la denuncia, que da cuenta de hechos de particular gravedad  y que pudieran afectar a un grupo importante de la población, hemos decidido comunicarnos inmediatamente con el jefe de la BIDEMA, la unidad especializada de la PDI  radicada en Santiago que investiga delitos contra la salud pública. Conversado con el jefe nacional, el señor Richard Oliva, ha asignado un equipo que se trasladará a la región  y que va a trabajar con la Fiscalía a fin de realizar todas las pericias que sean necesarias para establecer el origen de esta falsificación, el origen de los medicamentos, los eventuales efectos nocivos para la salud de las personas y también el eventual mercado donde pudieron ser adquiridos”.

En  relación a las figuras penales, comentó que “el Código Sanitario se refiere a quienes venden medicamentos en mal estado, con penas que parten en los 61 días. También hay delitos en el Código Penal referidos a quienes propaguen elementos que atenten contra la salud  de las personas. Sin perjuicio de delitos de otra connotación, por ejemplo, eventualmente tributarios si es que se logra acreditar que la adquisición de estos medicamentos fue fraudulenta  y que se hizo valer algún tipo de beneficio fiscal con la supuesta adquisición de medicamentos en buen estado”.